Desde que entró en vigor la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022 (RIA), los procesos de presentación de los formularios I-526 e I-526E han cambiado bastante. Sin embargo, uno de los mayores retos sigue siendo acceder a datos fiables y en tiempo real del USCIS.
Para salvar esta distancia, Invierte en EE.UU. (IIUSA)en colaboración con 11 centros regionales y a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), recopiló y analizó los tiempos reales de tramitación de los expedientes I-526E e I-956F. Los resultados de su análisis se han publicado recientemente en un informe exhaustivo.
Con motivo de la publicación del informe, IIUSA organizó un seminario web con expertos del sector, entre ellos la directora de operaciones de CanAm, Christine Chen, para hablar de las últimas tendencias en la presentación de solicitudes, las resoluciones y los plazos de tramitación en el programa EB-5. A medida que el mercado EB-5 va evolucionando bajo la Ley de Reforma e Integridad (RIA), es fundamental analizar cómo estos cambios están afectando al sector, sobre todo para los inversores y los promotores de proyectos.
Uno de los aspectos más destacados del análisis se centró en cómo varían los plazos de tramitación de las solicitudes I-526E según el tipo de proyecto al que se refieran. Los datos recopilados de 11 centros regionales, que representan más de 1.200 casos I-526E, revelaron diferencias significativas en los tiempos de tramitación según si la inversión se realizara en zonas rurales, con alta tasa de desempleo u otros tipos de áreas de empleo específicas (TEA) designadas.
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Tramitación más rápida para los proyectos rurales
Uno de los hallazgos más alentadores fue que los plazos de tramitación de las solicitudes relacionadas con proyectos rurales fueron significativamente más cortos. Los datos revelaron que el plazo medio de tramitación de las solicitudes I-526E rurales fue de unos 10 meses. En cambio, las solicitudes relacionadas con proyectos urbanos con altas tasas de desempleo tardaron una media de 14 meses. Esta diferencia de cuatro meses en los tiempos de tramitación probablemente refleja la prioridad que la RIA da a los proyectos rurales, lo cual fue una de las principales disposiciones de la ley diseñadas para incentivar las inversiones en zonas rurales.
Además, si tenemos en cuenta el plazo habitual de tramitación, los casos rurales tenían un margen de tiempo más amplio, que oscilaba entre los 6 y los 15 meses. Los proyectos urbanos con altas tasas de desempleo, aunque más lentos, tenían un plazo de tramitación más predecible, de entre 11 y 16 meses. Este hallazgo pone de relieve la ventaja para los inversores que eligen proyectos rurales, ya que pueden recibir sus autorizaciones más rápidamente, aunque con una mayor variación en los plazos de tramitación.
Repercusión de las aprobaciones de la I-956F en la tramitación de la I-526E
Otro hallazgo clave tiene que ver con la relación entre la aprobación de las solicitudes I-956F y los plazos de tramitación de las I-526E. Para que se resuelvan las solicitudes I-526E, primero tiene que aprobarse la I-956F correspondiente. El análisis reveló que las solicitudes presentadas tras la aprobación del formulario I-956F parecían tramitarse más rápido, y en algunos casos se aprobaban en tan solo cinco meses. Sin embargo, la muestra de datos para este caso concreto era limitada, por lo que se necesitan más datos para confirmar si se trata de una tendencia constante.
No obstante, este hallazgo pone de relieve la importancia de elegir bien el momento para presentar las solicitudes I-526E. A los inversores les puede convenir esperar a que se apruebe el formulario I-956F de su proyecto, ya que eso podría acelerar la tramitación de sus propias solicitudes.
Casos pendientes y perspectivas de futuro
El informe también ofrecía datos sobre el retraso actual en la tramitación de las solicitudes I-526E pendientes. Más del 58 % de las solicitudes de zonas rurales llevan más de 10 meses pendientes, lo que sugiere que los plazos de tramitación de los futuros casos podrían aumentar a medida que el USCIS vaya resolviendo este retraso. En cuanto a los proyectos urbanos con altas tasas de desempleo, menos de la mitad de los casos llevan más de 14 meses pendientes, lo que indica que estos casos podrían tener plazos de tramitación más regulares en el futuro.
Este análisis de los casos pendientes es clave para saber qué esperar. Aunque los plazos de tramitación actuales de las solicitudes aprobadas son relativamente rápidos, el volumen de trabajo atrasado sugiere que los plazos de tramitación podrían alargarse en el futuro, a medida que el USCIS vaya poniéndose al día con su carga de trabajo.
Conclusión
Los primeros resultados de esta innovadora iniciativa de recopilación de datos ofrecen información valiosa sobre los plazos de tramitación de los formularios I-526E y ponen de relieve las ventajas de invertir en proyectos rurales en el marco de la RIA. Con unos plazos medios de tramitación de 10 meses para los proyectos rurales, frente a los 14 meses de los proyectos urbanos con altas tasas de desempleo, los inversores que den prioridad a las inversiones rurales podrían obtener resultados más rápidos.
La relación entre las aprobaciones de los formularios I-956F e I-526E también ofrece información estratégica importante para los inversores. Presentar la solicitud tras la aprobación del I-956F puede acelerar la tramitación, aunque se necesitan más datos para confirmar esta tendencia.
En general, aunque los datos recopilados hasta ahora ofrecen puntos de referencia importantes, la acumulación de casos pendientes indica que los plazos de tramitación podrían alargarse en el futuro. Los inversores y los centros regionales deben seguir atentos a esta situación en constante evolución, y la recopilación continua de datos será clave para ofrecer información actualizada y precisa de cara al futuro.
A medida que el sector del EB-5 se adapta a los cambios que ha traído consigo la RIA, los esfuerzos de la IIUSA por recopilar y analizar los datos generados por el sector seguirán siendo una herramienta esencial para ayudar a los inversores y a los centros regionales a tomar decisiones bien fundamentadas en este entorno tan complejo y competitivo.
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