Desde que entró en vigor la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022 (RIA), los procesos de presentación de los formularios I-526 e I-526E han cambiado bastante. Sin embargo, uno de los mayores retos sigue siendo acceder a datos fiables y en tiempo real del USCIS.
Para salvar esta distancia, Invierte en EE.UU. (IIUSA)en colaboración con 11 centros regionales y a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), recopiló y analizó los tiempos reales de tramitación de los expedientes I-526E e I-956F. Los resultados de su análisis se han publicado recientemente en un informe exhaustivo.
Con motivo de la publicación del informe, IIUSA organizó un seminario web con expertos del sector, entre ellos la directora de operaciones de CanAm, Christine Chen, para hablar de las últimas tendencias en la presentación de solicitudes, las resoluciones y los plazos de tramitación en el programa EB-5. A medida que el mercado EB-5 evoluciona bajo la Ley de Reforma e Integridad (RIA), es crucial analizar cómo afectan estos cambios al sector, especialmente para los inversores y los promotores de proyectos.
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Repercusión de las aprobaciones de la I-956F en la tramitación de la I-526E
La relación entre los plazos de tramitación del formulario I-956F (aprobación del proyecto del centro regional) y el I-526E (solicitud del inversor individual) se ha convertido en un tema central de debate dentro de la comunidad EB-5. Es fundamental entender esta correlación, ya que la solicitud I-526E solo se puede tramitar una vez que se haya aprobado el formulario I-956F correspondiente. Esta interdependencia ha añadido un nivel de complejidad al proceso del EB-5, sobre todo a la hora de determinar cuánto tiempo tardará un inversor en recibir la aprobación de su solicitud.
En el análisis realizado por IIUSA, los datos sobre esta relación arrojaron resultados dispares. Los casos presentados tras la aprobación del formulario I-956F solían tener plazos de tramitación más cortos. Una pequeña muestra de estos casos reveló un tiempo medio de tramitación de unos cinco meses para las solicitudes I-526E presentadas tras la aprobación del I-956F. Sin embargo, el conjunto de datos de estos casos es limitado, así que es demasiado pronto para hacer generalizaciones sobre si presentar la solicitud tras la aprobación del I-956F garantiza una tramitación más rápida.
Por otro lado, en la mayoría de los casos presentados antes de que se aprobara el formulario I-956F, los plazos de tramitación fueron más largos, y muchos siguen pendientes. Este retraso indica que el momento en que se aprueban los formularios I-956F es clave para acelerar la tramitación de las solicitudes I-526E. Esta tendencia pone de relieve la importancia de que los inversores y sus asesores legales sigan de cerca el estado del formulario I-956F a la hora de decidir si presentan sus solicitudes I-526E. Podría ser una estrategia acertada esperar a que se apruebe el I-956F antes de presentar una solicitud I-526E para reducir, potencialmente, los plazos de tramitación.
La acumulación de casos pendientes de resolución complica aún más esta cuestión, lo que deja claro que la diferencia entre las aprobaciones de los formularios I-956F e I-526E es un factor importante a la hora de determinar los plazos generales de tramitación. Se prevé que, a medida que haya más datos disponibles, el sector pueda entender mejor cómo gestionar esta compleja relación de forma más eficaz.
Casos pendientes y previsiones futuras
Uno de los aspectos más reveladores del análisis de datos es el número de casos I-526E pendientes, lo que da una idea de cómo podrían evolucionar los tiempos de tramitación en el futuro. Según los últimos datos disponibles, aproximadamente el 58 % de las solicitudes I-526E de zonas rurales llevaban más de 10 meses pendientes, mientras que menos de la mitad de las solicitudes de proyectos urbanos con alta tasa de desempleo llevaban más de 14 meses pendientes. Estas cifras son preocupantes, ya que sugieren que, una vez que se resuelvan estos casos, es probable que aumenten los tiempos medios de tramitación en general.
El creciente retraso en los casos pendientes plantea dudas sobre cómo evolucionarán los plazos de tramitación de aquí en adelante. Aunque los plazos actuales para las solicitudes aprobadas son relativamente cortos —unos 10 meses para los proyectos rurales y 14 meses para los proyectos urbanos con alta tasa de desempleo—, existe un riesgo claro de que estos promedios se alarguen a medida que el USCIS vaya resolviendo el retraso acumulado. A este retraso se suma el número limitado de evaluadores asignados a los casos EB-5, a pesar del aumento de las tasas de tramitación previsto en la Ley de Reforma e Integridad (RIA), que tenía como objetivo aumentar los recursos para el proceso de evaluación.
Para los inversores y los centros regionales, conocer el número de casos pendientes es fundamental para gestionar las expectativas sobre los plazos de tramitación. Los inversores deben tener en cuenta que, aunque sus solicitudes puedan estar dentro de los plazos medios actuales, la realidad es que la tramitación en el futuro podría ser más lenta, sobre todo a medida que aumente el número de casos pendientes. Esto es especialmente cierto en el caso de los proyectos rurales, que, aunque tienen prioridad en el marco de la RIA, no son inmunes a los retrasos generales que afectan al proceso EB-5.
Retos y riesgos de litigio derivados de los retrasos
El creciente retraso en la tramitación de las solicitudes I-526E, sobre todo las presentadas antes de que se aprobara el formulario I-956F, supone un reto importante para los inversores y sus representantes. Como se prevé que los plazos medios de tramitación aumenten debido al gran volumen de casos pendientes, crece el riesgo de que los inversores se sientan frustrados y de que se produzcan posibles litigios contra el USCIS por los retrasos en la tramitación.
Una posible consecuencia de los retrasos prolongados es un aumento en el número de demandas de mandamus. Un mandamus es una acción legal que obliga a un organismo público a cumplir con sus obligaciones; en este caso, a resolver sin demora las solicitudes I-526E pendientes. Esta herramienta se ha utilizado con éxito en el pasado cuando los plazos de tramitación de las solicitudes EB-5 se alargaban más allá de lo razonable. La RIA, que incluye plazos específicos para la tramitación, podría servir de base sólida para que los inversores emprendan acciones legales si el USCIS no cumple los objetivos establecidos.
Además del riesgo de litigios, es probable que los retrasos tengan repercusiones más amplias en la confianza de los inversores en el programa EB-5. Los largos plazos de tramitación pueden disuadir a los posibles inversores de participar en el programa, sobre todo si se suman a los importantes compromisos económicos que exige la participación. Además, dado que el programa EB-5 es una opción competitiva entre los programas globales de residencia por inversión, los retrasos prolongados podrían hacer que EE. UU. resultara menos atractivo para los inversores internacionales.
El aumento de las tasas de tramitación del programa EB-5, que pasaron de 4.675 a 12.160 dólares según la RIA, añade otra capa de complejidad. El objetivo de estas tasas más altas era dotar al USCIS de los recursos necesarios para cumplir con los nuevos plazos de tramitación establecidos en la RIA. Sin embargo, si los retrasos persisten a pesar del aumento de las tasas, esto podría dar lugar a un escrutinio más exhaustivo sobre cómo el USCIS está utilizando estos recursos y si son necesarias más reformas para agilizar el proceso.
Conclusión
El panorama de la tramitación de las solicitudes I-526E viene determinado por múltiples factores, entre los que se incluyen el plazo de aprobación de los formularios I-956F, el creciente número de casos pendientes y la amenaza inminente de litigios debido a los retrasos. A medida que se disponga de más datos, los centros regionales, los inversores y sus asesores legales deben mantenerse atentos a las tendencias de tramitación para tomar decisiones bien fundamentadas. Ante la posibilidad de que se alarguen los tiempos de espera y de que se emprendan acciones legales si los retrasos continúan, gestionar las expectativas de los inversores será fundamental para mantener la confianza en el programa EB-5.
