Por: Christine Chen
Primera parte de un informe EB-5 de CanAm en dos entregas.
En la primavera de 2024, dos años después de que la Ley de Reforma e Integridad de EB-5 (RIA, por sus siglas en inglés) se promulgara formalmente, los diversos actores y profesionales del sector ya se habían adaptado al programa reformado. El USCIS había aprobado solicitudes de proyectos I-956F, los centros regionales habían presentado sus primeras declaraciones anuales mediante el Formulario I-956G y el Programa resultaba más predecible de lo que había sido en años. Las nuevas categorías reservadas para inversiones en zonas rurales, de alto desempleo y de infraestructura habían demostrado ser mucho más que un mero experimento político. La demanda de los inversores hacia estas categorías insufló nueva vida a un programa que había superado años de suspensiones, litigios y retrasos acumulados. Cuando Michael Handley, científico de datos del Departamento de Estado de EE. UU., subió al estrado como ponente principal en el IIUSA EB-5 Industry Forum en Atlanta el 20 de mayo de 2024, el sector esperaba con gran interés un diagnóstico claro sobre el rendimiento del nuevo marco. Handley aportó numerosas perspectivas de gran utilidad. Sin embargo, en los pasillos, al finalizar la sesión, una idea acaparaba la conversación: ¿podría un inversor que eligió una categoría reservada al presentar el Formulario I-526E cambiar más adelante a un visado no reservado?
El atractivo era evidente. La categoría rural es la reserva más amplia, con un 20 % de los visados EB-5 anuales asignados a ella —frente al 10 % para zonas de alto desempleo y el 2 % para infraestructuras—, y además cuenta con tramitación prioritaria. Un inversor podría beneficiarse de esa tramitación más rápida y, posteriormente, recurrir a los visados no reservados disponibles, una opción especialmente valiosa para los solicitantes del resto del mundo. El rápido avance de las fechas de acción final para la India indicaba que los solicitantes indios pronto obtendrían ese mismo acceso. No obstante, los inversores nacidos en China no contaban con esa posibilidad. La categoría no reservada para China seguía colapsada con una lista de espera de peticiones previas a la RIA, de modo que los inversores chinos posteriores a dicha ley no tenían más remedio que permanecer en la vía reservada hasta que se descongestionara ese retraso. Cada visado reservado concedido a un inversor que podría haber utilizado uno no reservado suponía privar de él a alguien que no disponía de otra opción. Para cualquiera que haya vivido las versiones anteriores de este programa, aprovechar cada visado con la máxima eficiencia merece el esfuerzo. Por un instante, la estrategia parecía sencilla: persuadir a los abogados encargados de la tramitación para que sus clientes optaran por la vía no reservada una vez aprobado el I-526E.
Fue entonces cuando se impuso la realidad: esa elección solo está disponible en el trámite consular. Una vez aprobada la petición I-526E y determinado que el solicitante reúne los requisitos para proseguir, el Centro Nacional de Visados exige a los solicitantes por vía consular que elijan una única categoría, reservada o no reservada, antes de poder programar su entrevista. En resumen: un solicitante que realizó una inversión rural en su I-526E podría cambiar a un visado no reservado. Los solicitantes de ajuste de estatus, cuyos casos resuelve el USCIS, carecen de un procedimiento equivalente, y el USCIS aún no ha anunciado ninguno. La presentación simultánea del I-485 mientras el I-526E está pendiente ha sido uno de los mayores logros de la RIA. Asimismo, implica que una gran proporción de los inversores posteriores a la RIA —incluidos numerosos inversores indios y aproximadamente 2.000 inversores de zonas de alto desempleo del resto del mundo— se encuentran tramitando el ajuste de estatus sin una vía clara para optar a un visado no reservado.
El coste ha dejado de ser teórico. Según el Boletín de Visados de octubre de 2026, la fecha de acción final no reservada para los solicitantes nacidos en la India es el 1 de diciembre de 2023. Esto implica que a los inversores indios posteriores a la RIA con fechas de prioridad anteriores se les podría expedir hoy mismo un visado no reservado. La fecha de presentación alcanza el 1 de mayo de 2024, lo que abre la cola de no reservados a un mayor número de ellos. Prácticamente todos estos inversores realizaron inversiones rurales o en zonas de alto desempleo y cuentan con aprobaciones I-526E que reconocen la categoría no reservada como una clasificación autorizada. Quienes gestionan el trámite a través de consulados pueden seleccionarla; quienes se encuentran en ajuste de estatus, no.
Ese desfase entre lo que parecía posible en Atlanta y cómo funcionan realmente las normas merece un análisis detallado. Esta serie de dos entregas lo analiza a fondo.
En el primer artículo, Suzanne Lazicki examina lo que está en juego para cada grupo de inversores: los solicitantes nacidos en la India que podrían absorber más de 500 visados no reservados en el año fiscal 2027, los inversores de zonas de alto desempleo del resto del mundo abocados a la retrocesión, los inversores de categorías reservadas nacidos en China que afrontan esperas potencialmente multidecenales y el objetivo político de recompensar la inversión en zonas deprimidas. Para ello, se basa en la práctica anterior a 2022, cuando el Departamento de Estado asignaba proactivamente los visados reservados y no reservados, y recomienda procedimientos de elección claros, datos publicados sobre la demanda y una asignación coordinada entre el Departamento de Estado y el USCIS.
En un artículo complementario que se publicará el jueves 19 de noviembre, Joey Barnett, de WR Immigration, repasa los acontecimientos transcurridos desde entonces: las cartas remitidas por AILA al USCIS entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 en las que se solicita un proceso de elección para los solicitantes de ajuste de estatus, dos de las cuales no han recibido respuesta. También aborda las solicitudes de pruebas adicionales (RFE) de septiembre de 2026 para nuevos exámenes médicos, una propuesta de normativa de la RIA que no se pronuncia sobre la selección de categorías y un año en el que solo se utilizaron 423 de los más de 8.000 visados reservados disponibles.
En conjunto, ambos artículos demuestran por qué es fundamental poder elegir entre visados reservados y no reservados, qué medidas se han adoptado para garantizar esa opción a los solicitantes de ajuste de estatus y qué será necesario para materializar los incentivos a la inversión que la RIA pretendía articular.
La conversación que comenzó en Atlanta debe pasar de los pasillos a la acción. Cada visado sin utilizar o indebidamente asignado supone una oportunidad perdida para un inversor que ya ha comprometido capital en un proyecto estadounidense; además, los inversores que más arriesgan son a menudo quienes menor capacidad tienen para alterar el resultado. Instamos a todas las partes interesadas en el programa EB-5 a sumarse a esta causa. Los abogados que presentan las solicitudes deben asesorar a los clientes consulares sobre su elección de categoría y evaluar qué enfoque les resulta más favorable. Los centros regionales y los promotores deben plantear esta cuestión tanto a sus inversores como ante los organismos públicos. Y el conjunto del sector debe sumar su voz a las peticiones de AILA para que el USCIS ofrezca a los solicitantes de ajuste de estatus el mismo procedimiento de elección del que ya disponen los solicitantes consulares, y para que la normativa definitiva de la RIA lo recoja de forma expresa. La RIA brindó a los inversores más de una vía hacia la tarjeta de residencia permanente («green card»). Nos corresponde a todos garantizar que puedan utilizarla.
